HERRAMIENTAS
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(Columbus / Ohio / EE UU – AP) — Ohio es el lugar apropiado para que se ventile una demanda de inversionistas que buscan cobrar 100 millones de dólares en pagarés venezolanos de hace tres décadas, a pesar de las inquietudes en torno a la traducción de los documentos y el transporte de los testigos, dijo un juez federal en un fallo.

Mantener el caso en Ohio es lo más conveniente y hay evidencia clara de la íntima relación con Columbus, donde se ubica la empresa de los inversionistas, según el juez de distrito Edmund Sargus.

Este caso es una disputa compleja que implica a partes de nacionalidades distintas“, indicó Sargus en su fallo de 21 páginas emitido el martes en la noche.

“Indudablemente habrá complicaciones e inconveniencias para las partes cualquiera que sea el lugar donde finalmente proceda el asunto”, agregó.

Sin embargo, Sargus señaló que no estaba convencido que mantener el caso en Ohio “sea opresivo, temerario, o indebidamente agobiante” para Venezuela, la parte acusada.

Un abogado que representa a Venezuela dijo que se considera una apelación aunque subrayó que la decisión no tenía nada que ver con el argumento del país de que los pagarés fueron falsificados.

Tenemos convicción respecto de los méritos del caso de que estos son títulos fraudulentos y esperamos mostrarlo“, dijo el miércoles Tome Wilner, abogado en Washington, Distrito de Columbia.

En juego está una demanda que presentó Skye Ventures, la cual busca el pago de los pagarés que emitió un banco ya desaparecido que tenía respaldo gubernamental en Venezuela.

Los abogados de Venezuela arguyen que sería más sensato llevar el caso en el país sudamericano, en especial debido a que se encuentran allá muchos de los documentos relacionados con el asunto. Los abogados dijeron además que será difícil traer a algunos de sus testigos a Estados Unidos, en especial debido a que la mayoría ya no pertenece al gobierno venezolano.

Sargus dijo que este argumento es válido, pero también señaló que muchos testigos importantes del grupo de inversionistas viven fuera de Venezuela, algunos de los cuales serían renuentes a ir a ese país por temor a ser arrestados.

El juez coincidió en que un país de habla hispana sería un mejor lugar para el juicio por el tipo de documentos. Pero señaló que las traducciones se efectuarán al margen del lugar donde se lleve el caso y que muchos de los documentos ya fueron traducidos al inglés.

Sargus también destacó un alegato presentado por el grupo de inversionistas: “Debido a la tecnología moderna, la ubicación de la evidencia documental es relativamente un factor insignificante en el análisis general”.

La demanda regresó a un tribunal federal en Columbus tras de que la Corte Suprema decidiera en enero que no atendería el caso. El fallo asestó un revés para Venezuela, la cual había argumentado que como estado extranjero la ley federal la protegía de demandas en Estados Unidos.