HERRAMIENTAS
Foto: AFP PHOTO / MIGUEL GUTIERREZ

(Caracas, 27 de noviembre. Noticias24).- Ana Marina Rodríguez, superintendente nacional de arrendamiento de viviendas, acusó a las grandes inmobiliarias y asociaciones empresariales de ser “latifundistas urbanos y latifundistas del concreto”.

“Hemos visto casos de latifundistas urbanos que tienen 89 edificios y hasta 400 apartamentos. Hay una empresa que maneja 400 inmuebles, al igual que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y otras empresas que forman parte de los grandes especuladores y entre todos ellos tienen una cantidad enorme de inmuebles”, aseveró Rodríguez.

Informó que las administradoras de viviendas también deben registrarse en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas (Sunavi). “Ellos no se han querido registrar y eso es una violación de la ley. Deben informar cuántos inmuebles tienen, dónde están y detallar la relación de quiénes son los inquilinos. Sólo han venido los pequeños, pero los latifundistas urbanos se han negado”.

Rodríguez hizo un llamado a propietarios e inquilinos a mantener la calma. “No se hagan eco del llamado de sabotaje de ciertos sectores inmobiliarios porque la obligación con la ley es individual. Las grandes inmobiliarias están tratando de utilizar a los pequeños propietarios para que libren una batalla que es por el capitalismo”.

Por su parte Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, dijo que el sector que representa no es propietario, sino administrador y brindan un servicio legítimamente reconocido.

“Las inmobiliarias no son las dueñas de los inmuebles, sino las vendedoras y las administradoras de los inmuebles que prestan un servicio. Mal pudiera calificarse de latifundista al sector. Son simples empresas que ofrecen un servicio y las empresas inmobiliarias no tienen la obligación de inscribirse porque no son propietarios”, afirmó.

Señaló que entre los inspectores pareciera que hay sólo representación de los inquilinos y muy pocos propietarios, lo que puede prestarse para que el análisis de las viviendas se haga de manera discrecional.

“Aplaudimos que luego de un año de vigencia de la ley se ponga en práctica el mecanismo, pero dudamos que se tenga capacidad para evaluar todas las viviendas con tan poco tiempo de capacitación de las personas”, agregó.

Con información de El Nacional

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