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Especialistas analizaron los derechos de los empresarios en la Ley de Precios

(Caracas, 21 de noviembre. Nota de prensa).- La Cámara de Caracas realizó este jueves el taller Régimen Legal de Control de Precios “Los Derechos de los Empresarios”, evento en el que se evaluó el marco legal y constitucional de los empresarios y ciudadanos.

La actividad se llevó a cabo a propósito de la situación que han enfrentado los sectores comerciales durante las últimas semanas como consecuencias de las medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo para controlar los precios y ganancias.

El taller fue desarrollado por los abogados Juan Carlos Oliveira y Juan Manuel Raffalli de la firma Raffalli De Lemos Halvorssen Ortega y Ortiz y Alejandro Gallotti y Juan Domingo Alfonzo del Escritorio Torres Plaz & Araujo, todos expertos en derechos constitucional económico y conocedores del basamento legal en el que se enmarca el control de precios en el país.

El planteamiento institucional de los especialistas parte de que el Estado ha generado decretos que establecen las vías legales para controlar los precios y sancionar a quienes incurran en ilícitos administrativos, como son la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley de Defensa a las Personas y Acceso a los Bienes y Servicios que tutela el Indepabis.

“La inseguridad y el temor dificultan las inversiones y por ende impiden que la economía fluya con normalidad”

Estos instrumentos normativos y sus reglamentos tienen una serie de procesos legales para que se cumplan los objetivos, los cuales deben ser bien administrados en el marco del derecho a la defensa, al debido respeto y del derecho constitucional a la garantía de la propiedad y la libertad económica, razones por las cuales las leyes establecen un procedimiento legal que debe observarse plenamente.

Dada la forma en que el Ejecutivo viene actuando, dichos procedimientos se han obviado y se aprecia que se está actuando con mucho rigor contra quienes consideran han cometido ilícitos administrativos, por lo que pareciera que se ha generalizado el proceso; pero aún en esa situación, hay que tomar el camino de la ley y el Estado de Derecho porque si no es un indicio de apelación tan malo como que haya especulación y no se están cumpliendo les procedimientos legales para cumplir la ley, lo que es un problema tan grave socialmente como la especulación.

De acuerdo a los especialistas lo correcto sería evaluar los procedimientos para que se produzca la categorización de los productos según la estructura de costo de cada bien y así las autoridades puedan fijar los precios por la vía de la declaratoria con el respaldo de una resolución emitida por el ministerio competente que regule los precios en el marco de la ley, lo cual supone que la persona se pueda defender, justificar su precio y no simplemente tomar medidas preventivas que causen un daño irreparable a la empresa, sus trabajadores y consumidores en general.

La determinación de un precio debe haber parámetros más o menos objetivos y la autoridad no puede establecer bajar un porcentaje arbitrario

Por otra parte, argumentan que en la determinación de un precio debe haber parámetros más o menos objetivos y la autoridad no puede establecer bajar un porcentaje arbitrario, ya que “no puede ser una medida caprichosa” porque es un indicio de desmotivación, y por el contrario tiene que tener un sustento técnico y económico de acuerdo con las estructuras de costos de cada empresa para saber a cuánto deberían venderse los productos.

En relación con la reciente aprobación de la Ley Habilitante, los expertos afirmaron que hay que esperar el nuevo esquema de fijación para saber qué se normará con los nuevos instrumentos, pues se estima que se controlará el margen de ganancias el cual migra del control de precios.

En opinión de los expertos se está generando un desamparo total para los empresarios y vicios de incompetencia y lo que se trata es de tomar medida contra los especuladores, pero hacerlo de acuerdo con la ley, pues se ha desatado un terror asumido por el sector empresarial y a la larga eso va a traer menos inversión y consecuencias para toda la ciudadanía.

“La inseguridad y el temor dificultan las inversiones y por ende impiden que la economía fluya con normalidad, lo que lleva al estado asumir el puesto del sector privado en la producción e importación y eso genera una anomalía que no se puede sustentar en el tiempo, de manera que lo recomendable es lograr un camino de entendimiento y concertación entre gobierno y empresarios para que la población tenga constantemente y acceso a los productos a precios razonables, la gente consiga lo que busca y no se merme la calidad de vida”, aseguró Raffalli.

El pretender por vía de controles regular todo no es posible y al contrario se empiezan a generar patología y desajustes económicos, hay que trata de atacar las causa para alcanzar una estabilidad, pues son los mismos controles lo que están produciendo problemas y lamentablemente han exacerbado el consumismo desenfrenado en las últimas semanas.