HERRAMIENTAS


El presidente de Cadivi, Manuel Barroso, indicó a través de un comunicado que “es el usuario quien asume los riesgos económicos y legales por haber defraudado al paí­s”, en aquellos casos en que se compruebe la “venta” de los cupos de dólares.

Poco antes de terminar el año, cuando arrecia la demanda de autorizaciones para las personas que no han utilizado su cupo o cuentan con parte del mismo, la institución publicó una nueva lista con las cédulas de identidad de 28 mil personas que deberán demostrar el correcto uso de las divisas que les fueron autorizadas.

De igual manera, la máxima autoridad de la comisión recuerda que la asignación de divisas es “personal e intransferible”.

Barroso alertó contra “personas que buscan aprovecharse del pueblo para su beneficio particular, sin importarle la integridad de las reservas internacionales del paí­s ni las consecuencias legales que deben afrontar quienes se prestaron a este ilí­cito cambiario, por ingenuidad o exceso de confianza”.

“Estas personas inescrupulosas” – agregó – “se lucran a expensas del buen nombre de quienes con intención o sin ella, se prestan a solicitar divisas que en realidad no utilizarán, violando las disposiciones de la Ley Contra los Ilí­citos Cambiarios”.

No indicó, sin embargo, si estas personas a las que se refiere serán sancionadas o investigadas de alguna manera, aunque recalcó que son los usuarios que “venden” sus cupos quienes correrán con las consecuencias.

En esta ocasión, las medidas para verificar el correcto uso del cupo incluirán la verificación a través de la Onidex sobre los movimientos migratorios de las personas investigadas. También se constatará la existencia de la empresa que haya prestado el servicio o provisto el bien adquirido por el usuario con las divisas autorizadas.

El usuario solicitante es el único responsable del correcto uso de las divisas asignadas por Cadivi, quien además está sujeto al control posterior por parte de la Comisión de Administración de Divisas, de acuerdo con las disposiciones vigentes”, insistió Barroso una vez más.

Más de 80 mil usuarios se encuentran suspendidos del sistema de administración de divisas
por no haber respondido dentro del lapso estipulado a las cuatro convocatorias previas, o por haber consignado a través de sus operadores cambiarios documentación insuficiente para probar el uso correcto de las divisas autorizadas, precisa Cadivi.

Estos usuarios podrán ser investigados por la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Economí­a y Finanzas, con la posibilidad de sufrir penas de entre tres y siete años de prisión y multa por el doble del equivalente en bolí­vares de la operación correspondiente, en caso de haber obtenido las divisas “mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento”.

Ví­a Cadivi

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