Gobierno español busca soluciones para inmigrantes desempleados que pierden papeles

La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, durante la conferencia que pronunció hoy sobre “Inmigración latinoamericana en tiempos de crisis”, en la Tribuna Iberoamericana que organizan Casa de América y la Agencia EFE. Foto: EFE/Ballesteros

El gobierno español está preocupado por los inmigrantes que están perdiendo el empleo debido a la crisis económica y caen en la irregularidad al no poder renovar sus permisos, e indicó que intentará hallar una solución para un colectivo muy afectado por la recesión.

“Sabemos que hay un problema relacionado con la entrada y la salida del mercado de trabajo de estas personas si coincide la renovación de la documentación con el momento de salida del mercado de trabajo: puede haber un problema que tenemos detectado y que vamos a intentar resolver”, aseguró este martes la secretaria de Estado española de Inmigración, Anna Terrón.

“Es un tema que nos preocupa” y “creemos que deberí­amos abordar esta cuestión (…) porque no va a ser en beneficio de nadie que aumentemos (…) en este momento la bolsa de personas sin documentar en nuestro Estado”, aseguró.

En España viven actualmente 5,7 millones de extranjeros, que suponen el 12,2% de una población total de 47 millones de habitantes. Un 26,6% de los extranjeros son latinoamericanos (1,45 millones), la mayor comunidad no europea, según cifras oficiales.

El desempleo pasó de afectar al 8% de la población activa antes de la crisis a más de un 20% (4,6 millones de trabajadores) en el primer trimestre del año, según el Instituto Nacional de Estadí­stica (INE).

En el colectivo inmigrante, el desempleo alcanzó el 30,79% ese trimestre, según el INE.

Terrón indicó que ante estas cifras y el paso de muchos extranjeros a la irregularidad por perder el trabajo, el reto actual del gobierno es “impedir la exclusión de personas en época de crisis”.

Para ello indicó que el gobierno mantiene su programa de fomento del retorno voluntario de los extranjeros a sus paí­ses de origen, que puso en marcha al iniciarse la crisis.

Pero las personas que quieren retornar se enfrentan a “problemas” como “el endeudamiento” excesivo de las familias, fenómeno que también sufren las familias españolas y que se agravó con la crisis, apuntó.

Sobre la ley de control de la inmigración ilegal recientemente aprobada en el Estado estadounidense de Arizona (frontera con México), Terrón estimó que “no hacen más que generar nuevos problemas” y “van a generar tensiones sociales”.

La secretaria recordó que en España se “expulsa” a inmigrantes irregulares, pero estimó que “lo razonable es hacerlo cuando detectas la entrada de las personas” en el paí­s y no cuando ya están instaladas, y sostuvo que en España “no hay una polí­tica indiscriminada de detención de personas por su aspecto fí­sico”.

Las autoridades españolas expulsan sobre todo a inmigrantes que llegan a España de manera ilegal desde Africa, en virtud de acuerdos con los paí­ses de origen, y también por avión si no se cumplen los requisitos europeos de entrada.

Además, en los últimos años se han denunciado redadas policiales en las que se detiene unas horas a inmigrantes ilegales a los que se llama a retornar a sus paí­ses.

El número de irregulares expulsados aumentó tras la avalancha de llegadas en 2006 pero el año pasado bajaron, de 46.700 en 2008 a 38.100 en 2009 (18%) debido al menor número de llegadas por la crisis.

Terrón insistió en que tras el ‘boom’ de llegadas de inmigrantes en los últimos 15 años atraí­dos por el crecimiento de la economí­a, se ha iniciado “un cambio de ciclo” migratorio en el que han bajado las entradas regulares y el número de contrataciones en origen debido a la crisis.

Ante esto se requiere una gestión que implique “más diálogo con los paí­ses de origen” que se sume a los “acuerdos de regulación de flujos migratorios firmados con paí­ses latinoamericanos de origen”, la cooperación de la empresa privada y una mayor formación de inmigrantes.

Todo esto teniendo en cuenta que la crisis llevó a proceder a “un recorte muy notable” del fondo gubernamental dedicado a la integración de inmigrantes.

Pero al mismo tiempo recordó que 1,8 millones de extranjeros cotizan a la Seguridad Social española.

Por Elisa Santafé
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