Funcionarios públicos españoles comienzan huelga por recortes

Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez (i) y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Foto: EFE/JAVIER LIZÓN, Archivo

Los funcionarios públicos españoles harán huelga el martes, convocados por los sindicatos, para protestar contra las medidas de austeridad aprobadas recientemente por el gobierno, que implican una disminución de una media del 5% del salario de este colectivo.

La huelga irá acompañada de concentraciones en numerosas ciudades de toda España. Dos grandes manifestaciones están convocadas en Madrid: una por la mañana, a las 11H30 (09H30 GMT) ante el ministerio de Economí­a y otra a las 18H30 (16H30 GMT) en el centro de la ciudad.

El Congreso de los Diputados adoptó con estrecho margen a finales de mayo un duro plan de austeridad del gobierno socialista de José Luis Rodrí­guez Zapatero para tratar de reducir el alto déficit público, del 11,2% en 2009.

El plan, adoptado bajo presiones de la Eurozona y de los mercados, incluye el recorte de los sueldos de los funcionarios este año y la congelación el próximo, además de congelar las pensiones de jubilación, eliminar el “cheque bebé” y recortar la ayuda al desarrollo, entre otras medidas.

Estas medidas permitirán ahorrar hasta 15.000 millones de euros, es decir, 5.000 millones de euros este año y 10.000 en 2011.

Las crí­ticas a este plan llevaron a Zapatero a anunciar dí­as más tarde que su gobierno prepara un impuesto para las rentas más altas.

Los principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), también han amenazado con convocar una huelga general si el ejecutivo adopta sin consenso la reforma del mercado laboral, que negocia con dificultades con las asociaciones de empresarios y trabajadores.

El presidente del gobierno anunció la semana pasada que esta reforma, demandada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los mercados, la aprobará su gobierno el 16 de junio aunque no haya un acuerdo con sindicatos y empresas.

La reforma pretende crear un tipo de contrato con una indemnización por despido más barata para fomentar el empleo, en un momento en que el desempleo supera en España el 20% de la población activa, el doble en en la Eurozona.

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