Publicado en Gaceta Oficial decreto de adquisición forzosa de 11 taladros petroleros

Foto: Archivo

El presidente Hugo Chávez decretó la expropiación de once taladros de la estadounidense Helmerich y Payne (H&P) que se mantienen paralizados desde hace varios meses debido a una deuda millonaria de la corporación Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), informó el jueves el gobierno.

La “adquisición forzada”, según señala el decreto, de los equipos de H&P entró en vigencia el jueves luego de la publicación de la medida en la Gaceta Oficial.

El gobierno justificó la expropiación de los once taladros, que se encuentran en el oriente y occidente del paí­s, alegando que H&P los mantuvo “inactivos desde hace aproximadamente un año”, y que “la ausencia de los mismos afectarí­a el Plan de Siembra Petrolera” que adelanta PDVSA.

El ministro de Energí­a y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramí­rez, informó en la ví­spera que los equipos de H&P serí­an asumidos el jueves por el Estado venezolano apoyado en un acuerdo que aprobó esta semana la Asamblea Nacional, integrada en su mayorí­a por aliados del gobierno, que declaró de “utilidad pública” los taladros.

Video: Globovisión (01 de julio de 2010)

Ramí­rez defendió, durante una entrevista en la televisora estatal, la expropiación señalando que “los representantes de la empresa Helmerich y Payne se negaron a discutir las tarifas. Dijeron que no estaban de acuerdo, y ni siquiera querí­an discutir el tema”.

“Ellos (H&P) hace un año decidieron dejar guardados once taladros, de 3.000 caballos de potencia cada uno. Por eso nosotros pedimos que se diera la declaratoria de utilidad pública”, agregó.

El ministro afirmó que PDVSA está dispuesta a discutir un “justiprecio” con H&P para pagar por los once taladros, y precisó que de no darse un acuerdo se recurrirá “a un tercero donde se determina cuánto se debe, si se debe algo por el valor en libro de los activos”.

H&P manifestó la semana pasada sorpresa por la decisión del gobierno venezolano, e informó en un comunicado que desde hace varios meses vení­an desarrollando esfuerzos de buena fe para llegar a una “resolución provechosa para ambas partes” que incluí­a una propuesta de venta de los taladros.

El presidente ejecutivo de la firma, Hans Helmerich, afirmó que “nuestra posición sigue siendo clara: simplemente queremos que se nos pague por el trabajo realizado”.

H&P, que tiene su sede en Oklahoma, informó en enero del año pasado en su informe trimestral, que PDVSA le debí­a casi “100 millones de dólares” y que por tal motivo habí­a paralizado unos cuatro taladros. Unos meses después la empresa informó que de los 11 taladros que tení­a en Venezuela, ya estaban inactivos siete, y que los cuatro restantes deberí­an completar sus obligaciones contractuales a fines de agosto del 2009 para proceder a retirar todos sus equipos del paí­s.

La empresa indicó el pasado jueves que PDVSA mantení­a una factura pendiente para el pasado 14 de junio de unos 43 millones de dólares.

Asimismo, H&P sostiene que para el 30 de mayo disponí­a de 30 millones de dólares en moneda local, y que los inmuebles y equipos que tiene en Venezuela representaban unos 67 millones de dólares para el 31 de marzo.

Además de H&P la corporación estatal mantuvo diferencias el año pasado con la estadounidense Ensco por el pago de una deuda de 35 millones de dólares. La disputa culminó con la toma de un taladro la firma extranjera por parte de una filial de PDVSA.

A mediados del 2008 PDVSA presentó fuertes demoras en los pagos de sus deudas lo que la llevó a acumular acreencias con sus proveedores de servicios por unos 7.500 millones de dólares.

La estatal petrolera inició a partir del 2009 un plan de pagos masivos que le permitió cancelar deudas por unos 2.000 millones de dólares en una primera etapa. PDVSA realizó en la segunda mitad del 2009 una emisión de deuda por 3.260 millones de dólares para pagar parte de sus obligaciones con los proveedores de servicios.

Alterno a ese proceso de pago el gobierno venezolano expropió el año pasado los activos de varias decenas de empresas locales y extranjeras que le prestaban servicios especializados a PDVSA en el Lago de Maracaibo y en el oriente del paí­s. Las autoridades tomaron los activos respaldados en una ley que aprobó la Asamblea Nacional que le reservó al Estado los bienes y servicios de las actividades primarias de hidrocarburos.

Copyright 2010 The Associated Press.