AP Photo / Lefteris Pitarakis
Las empresas controladas por el multimillonario texano R. Allen Stanford al parecer tenían 200 sistemas de contabilidad diferentes, parte de un plan para evitar que los empleados entendieran la magnitud de sus negocios, según documentos judiciales.
En un informe de 58 páginas, el interventor designados por el juez, Ralph Janvey, describió una “compleja y amplia red” de más de 100 empresas, todas ellas controladas directa o indirectamente por Stanford, acusado por la Comisión de Bolsa y Cambio (SEC por sis siglas en inglés) de regentar una fraudulenta pirámide de Ponzi.
El informe, entregado el jueves a un tribunal federal de Dallas, dijo que las empresas fueron creadas de tal forma “con la intención de ofuscar sus activos y la transferencia de dinero y bienes”.
Las empresas, con sede en Houston, fueron clausuradas y colocadas en febrero bajo la supervisión de un interventor cuando la SEC presentó una demanda civil por fraude en Dallas. La SEC sostiene los inversionistas en certificados de depósito fueron pagados con los fondos obtenidos de nuevos inversionistas. Stanford ha negado las acusaciones y dijo que si hubo fraude, él no estuvo mezclado.
En una entrevista publicada el viernes en el diario Houston Chronicle y otorgada en la casa matriz de Stanford en Houston, dijo que las empresas intervenidas son “algunas de las más farragosas en lo referido a su contabilidad y libros de cuentas que he visto en mi vida”.
El documento presentado por Janvey indica además que al parecer hubo manipulación de los documentos financieros de la empresa “a fin de ocultar a los reguladores y terceras personas la verdadera situación financiera de los negocios”.
A manera de ejemplo el informe citó la adquisición en abril y septiembre de tierras en la isla caribeña de Antigua por 63,5 millones de dólares cuyo valor “fue incrementado” en los libros de contabilidad a 3.200 millones de dólares.
Ni Stanford ni su director financiero, James Davis, invirtieron su propio dinero en los certificados de depósito, según el documento.
Además, el interventor no ha podido establecer el paradero de 1.000 millones de dólares obtenidos con la venta de certificados de depósitos.
Copyright 2009 The Associated Press.
