Empresas recurren a la tercerización para protegerse del impacto en los costos por inamovilidad

Foto: A. Rengel/ Noticias24

El Gobierno se ha mostrado en contra de la tercerización, sin embargo, esta práctica de contratación abarca a 1,2 millones de trabajadores, de los cuales 700.000 laboran en cooperativas y 500.000 en empresas públicas y privadas, según el OAL, Observatorio de Asuntos Laborales.

De acuerdo con el OAL, institución que hace investigaciones en Venezuela con el auspicio de la Unión General de Trabajadores de España, los tercerizados representan 19,6% de 6,1 millones de los ocupados en el sector formal de la economí­a.

Si se toma como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadí­stica de junio pasado, que ubican en 6,9 millones los empleados en el sector formal, la proporción correspondiente a 1,2 millones de tercerizados equivale a 17,4%.

No obstante, Dick Guanique, coordinador del Observatorio, dijo que las cifras del INE no hacen distinción entre los trabajadores fijos y los tercerizados. “Serí­a conveniente que el Estado estudie ese segmento de la fuerza de trabajo“.

Guanique señaló que las condiciones laborales de este personal son desventajosas o nulas con respecto a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo y de las convenciones colectivas.

Agregó que el Gobierno aplica mucho más este tipo de contratación que el sector privado, debido al crecimiento del aparato estatal con la creación de múltiples ministerios y organismos, además de las misiones como Barrio Adentro.

Maryolga Girán, asesora laboral de Conindustria, expresó que la práctica en el sector privado es mucho menor que la registrada en el sector oficial.

“Las inspectorí­as del trabajo le ponen la lupa más a las empresas privadas que al Estado“.

Cooperativas y contrata. Guanique, también representante de Fadess, Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, destacó la precarización de las condiciones de trabajo de 700.000 cooperativistas del sector servicio, lo cual confirma la advertencia de la Organización Internacional del Trabajo sobre el uso de las cooperativas en algunos paí­ses como una manera de saltarse las reglamentaciones laborales.

“En una cooperativa administrada de acuerdo con los principios internacionales del cooperativismo, todos los integrantes son socios y se reparten los beneficios“, indicó el dirigente sindical.

Ese no es el caso de Venezuela, donde las cooperativas se multiplicaron bajo el paraguas del Gobierno, que vio en ellas una forma de acabar con las empresas. De esta manera, los promotores de las asociaciones contratan personal que en la práctica es subalterno en lugar de socio.

El coordinador del OAL dijo que las cooperativas prestan sus servicios al sector gubernamental, especialmente a las empresas básicas y estratégicas. Se trata de mano de obra muy barata porque pagan salario mí­nimo y muy pocas el ticket de alimentación. Además, no cotizan al Seguro Social ni hacen los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, paro forzoso e INCE.

La contratación es otra modalidad de tercerización en la que cerca de 500.000 trabajadores tienen algunos beneficios de los contratos colectivos, y los empleadores cotizan a la seguridad social. Sin embargo, no cuentan con la estabilidad laboral porque el arreglo es por el tiempo que dure la obra o el servicio de la empresa privada con el Estado.

Henry Arias, directivo del sindicato de Alcasa, indicó que en las empresas básicas del sector aluminio hay más de 3.000 tercerizados de cooperativas y contratistas, que deben ser incorporados a la convención colectiva que ampara a 12.000 trabajadores.

Los sindicatos del sector eléctrico también reclaman la inclusión de 2.000 tercerizados en el contrato colectivo que cubre a 36.000 trabajadores, añadió el dirigente obrero Aldo Torres.

Las continuas protestas con cierre de portones de los tercerizados de la Siderúrgica del Orinoco han obligado a la acerí­a a incorporar a 731 trabajadores mensuales al contrato colectivo de Sidor de 9.000 beneficiarios, informó el sindicalista de Unidad Matancera, José Luis Alcocer.

Girán refirió que los ministerios y organismos públicos también utilizan la figura del contratado, que no aparece en la Ley Orgánica del Trabajo, que establece para la relación laboral los contratos a tiempo indeterminado (personal fijo) y determinado (temporal).

Destacó que profesionales universitarios, médicos, maestros, abogados y periodistas, entre otros, sólo cobran el sueldo por concepto de honorarios profesionales, sin aguinaldos, vacaciones ni prestaciones sociales.

Con relación al sector privado, la abogada apuntó que las empresas han aumentado la contratación por tiempo determinado para protegerse del impacto en los costos de más de 11 años de inamovilidad laboral ordenada por el Gobierno.

Los dos últimos decretos del Ejecutivo garantizan la inamovilidad a los trabajadores que devengan hasta tres salarios mí­nimos, lo cual lleva a romper la relación laboral antes de los tres meses de prueba, pues si se supera este tiempo al empleador debe ubicar al trabajador en la nómina de personal fijo, como lo establece la ley.

Girán agregó que algunas industrias requieren personal extra para cubrir la demanda estacional de su producción como, por ejemplo, las fábricas de pintura que registran picos de consumo entre octubre y mediados de diciembre, cuando la gente aprovecha las utilidades para pintar sus viviendas.

Otro tanto ocurre en los comercios de ropa, calzado, celulares y electrodomésticos en la temporada navideña.

Por Ana Dí­az
Con información de El Nacional