Liberalizan precios, suben otros y amenazan con 10 años de prisión a “acaparadores”

El Gobierno venezolano aprobó incrementar desde hoy los precios máximos de venta al público de una amplia gama de quesos, frijoles negros y cortes de carne de cerdo y excluyó del control de precios a la harina de trigo en todas sus presentaciones. Cilia Flores anunció también penas de prisión de 5 a 10 años para los “acaparadores”.

El Gobierno del presidente Hugo Chávez lanzó hace varias semanas un agresivo plan de importaciones de varios alimentos para tratar de atacar el desabastecimiento y el contrabando hacia Colombia.

Además flexibilizó algunos trámites para agilizar la adquisición de dólares para comprar bienes al exterior.

Estos ajustes en los precios de los alimentos, que siguieron a los de la leche, podrí­an poner en riesgo la meta oficial de inflación en un 11% para el 2008, un objetivo que según analistas luce cuesta arriba, cuando la inflación del 2007 fue del 22,5%.

En tanto, la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, comenzó este mes a distribuir alimentos como la leche -que falta desde hace meses en los anaqueles de las tiendas venezolanas- para lo cual creó una filial de producción y distribución de alimentos, llamada Pdval.

Por su parte, efectivos militares han anunciado en las últimas semanas que han decomisado más de cinco toneladas de alimentos, en diferentes estados fronterizos del paí­s, que está vendiendo en algunos puntos de la nación a precios regulados.

Sectores empresariales han venido pidiendo al Gobierno que elimine el control de precios que implantó en el 2003, junto al de cambios, argumentando que ellos crean distorsiones en la economí­a y generan escasez pues los obliga a vender por debajo de los costos de producción.

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Mientras Cilia Flores y un grupo de parlamentarios “inspeccionaron” el mercado de Quinta Crespo y desde allí­ anunciaron que las personas que incurran en violaciones a la “Ley Especial de defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios” recibirán una pena entre cinco y diez años de prisión.

La disposición está reflejada en el decreto 5.835 de la Gaceta Oficial número 38.862 de fecha 31 de enero de 2008.

El Decreto completo lo puede revisar pulsando aquí­ o en la imagen:

“A este Decreto Ley se reincorpora un artí­culo bien importante que tiene que ver en el caso en el que se desaparecen o se destruyen los productos de primera necesidad, ahora está tipificado aquí­ como delito y sancionado con pena entre cinco y diez años (de cárcel a las personas que violen dicha legislación)“, subrayó.

“Creemos que esto es bien importante porque hemos visto como de una forma inescrupulosa hay quienes, en alguna oportunidad, han preferido destruir un producto que está en la cesta básica para procurar los aumentos de los precios y eso es un crimen“, expresó Flores.