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Economí­a

Presidente de Seguros BanValor: ‘La intervención de la empresa es una retaliación polí­tica’

Foto: Archivo

Leopoldo Castillo Bozo, presidente de la Junta Directiva de Seguros BanValor, dejó claro que la reconocida empresa es la de mayor Capital Pagado del Paí­s con una cifra que asciende a los 175 millones de bolí­vares fuertes.

Manifiesta su preocupación porque «arbitrariedades de esta naturaleza generan desconfianza en el paí­s, ya que reina la inseguridad jurí­dica, y con esto se espantan las inversiones de Venezuela».

Las expropiaciones, confiscaciones, intervenciones y demás medidas que de manera arbitraria viene tomando el gobierno en los factores de la economí­a, revelan cada dí­a numerosas irregularidades de gran impacto en la opinión pública nacional e internacional.

De acuerdo a lo que expresa el propietario de Seguros Banvalor, empresa aseguradora intervenida el pasado 23 de septiembre, Leopoldo Castillo Bozo, la extrema medida se llevó a cabo cuando la compañí­a se encontraba plenamente solvente, con una revalorización de activos en pleno proceso y sin que se atendiera a su Junta Directiva que “intentó repetidas veces comunicarse con la superintendencia del ramo”.

En una entrevista concedida este viernes al diario El Nacional, Leopoldo Castillo Bozo, propietario de BanValor, revela que 6 dí­as después de la intervención, el 28 de septiembre, es cuando la junta interventora informa que la medida la toman en función de información que existe sobre la empresa con respecto al mes de junio.

“Información que ha cambiado conforme se desprende de los informes de julio y agosto consignados ante el organismo. Además, la empresa realizaba una revalorización de los precios urbanos propiedad de Seguros BanValor y, una vez que se concluyera, era cuando la superintendencia debí­a tomar en cuenta la revalorización para recalcular el í­ndice de cobertura de las reservas técnicas”, subraya el ejecutivo.

Daño a la economí­a y al Paí­s

Castillo Bozo mostró su preocupación porque medidas de esta naturaleza le causan enorme daño al paí­s por cuanto generan desconfianza jurí­dica, y con ello impiden que los particulares apuesten a Venezuela ya que se espantan todos los capitales, todas las inversiones

“Si no hay seguridad jurí­dica en un paí­s, nadie va a invertir en un momento así­â€, resalta el Presidente de la Junta Directiva de BanValor.

Asimismo, el ejecutivo mostró su preocupación porque con el arrebato que hacen los funcionarios de la Superintendencia de Seguros, situación que espera se revierta, se está afectando la estabilidad laboral de 1.400 empleados, o sea 1.400 familias que tienen en ese, su trabajo, el sustento diario para sí­ y para los suyos, así­ como también se perjudica tremendamente a millón y medio de personas entre proveedores y asegurados.

Esta situación, es una catástrofe económica para muchas personas, familias y empresas cuya actividad económica se desarrolla en torno a la dinámica de una empresa en crecimiento como ésta.

Intervenciones y expropiaciones

Siguen llegando dí­a tras dí­a informaciones que hablan de las enormes irregularidades que se están presentando en estos procedimientos, tales como explí­citos hechos de corrupción, malversación y apropiación indebida de los bienes de las empresas intervenidas.

Fuentes de la Superintendencia de Bancos y de Seguros revelan que la mayorí­a de las Juntas Interventoras luego tienen que ser investigadas porque en cantidad de casos se han presentado problemas alrededor del dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, que se encontraba en las empresas objeto de intervención. Del mismo modo, llueven denuncias sobre la pérdida de objetos personales de dueños, directivos e incluso empleados que son literalmente saqueados por los intempestivos visitantes.

Leopoldo Castillo asegura que en su caso antes que una intervención, “fue una expropiación”, ya que determinados funcionarios le echaron mano a una empresa solvente, en plena ejecución de proyectos y con potencialidades de crecimiento.

Retaliación Polí­tica

Cuando se le pregunta a Castillo, si la empresa estaba solvente como indica, por qué de una intervención en una empresa con tales caracterí­sticas, el ejecutivo asegurador no duda en referirse a lo que considera una manifiesta retaliación polí­tica.

“Es una retaliación polí­tica porque no existen problemas económicos en Seguros BanValor. Lo que sucede es que nosotros manejábamos las cuentas de las Gobernaciones de Carabobo, Miranda y la Alcaldí­a de Sucre”, manifestó.

El Nacional